El poder ilegítimo

Para la política de Seguridad Democrática los civiles estarán siempre bajo la sospecha de ser guerrilleros o auxiliadores de los subversivos, cuando ante la ausencia del Estado los campesinos están obligados a acatar la ley de las FARC.
Alarmantes resultan las cifras que demuestran la sistemática violación de Derechos Humanos en el país por parte de las Fuerzas Militares (FFMM). Las denuncias son interpuestas por los familiares de los asesinados ante la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General y una misión internacional de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. El periódico El Tiempo publicó el pasado martes 9 de octubre (página 1-5) las denuncias de los 53 casos registrados sólo en el departamento del Meta entre 2005 y 2007.
Entre los casos que más angustia generan está el de Ester Julia Lozada, una ama de casa que apareció con uniforme tras unos combates entre ejército y guerrilla cerca a su rancho, en la vereda Chispas del municipio de Puerto Rico, Meta. Otra lamentable muerte registra la baja en combate del “guerrillero” José Fabio Rodríguez, soldado que estaba de permiso al tener un brazo fracturado. Además de esta incómoda situación, los habitantes denuncian las amenazas de la tercera generación de los grupos paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, que luchan por no perder el control estratégico de la zona cocalera de Vista Hermosa y Puerto Rico en el Meta, que disputan con las FARC. Probablemente la cifras se disparen si se hace un consolidado nacional. Estas muertes tienen la trágica coincidencia de ser presentadas como bajas guerrilleras, cuando las víctimas desaparecen en extrañas coincidencias.
Para la política de Seguridad Democrática los civiles estarán siempre bajo la sospecha de ser guerrilleros o auxiliadores de los subversivos, cuando ante la ausencia del Estado los campesinos están obligados a acatar la ley de las FARC. La estrategia de las FFMM es la intimidación de la sociedad por medio de la violación de sus Derechos Humanos; se olvidan de las escuelas, centros de salud, servicios públicos y demás garantías básicas. Para el Gobierno basta con la presencia de las botas y los fusiles, que se apropian de las escuelas y centros de salud como guarniciones militares, en clara contradicción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El paramilitarismo es usado como una como estrategia en la lucha antisubversiva desde los años sesenta. Incluso el mismo Salvatore Mancuso reconoció esta práctica como política del estado. El pasado 7 de octubre, Iván Cepeda Castro escribión en su columna del periódico El Espectador que “La plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos ha elaborado una serie de informes que demuestran esa tendencia, y que documentan 908 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas presuntamente por agentes estatales entre 2002 y 2007, en 27 departamentos del país. El departamento más afectado es Antioquia con 183 víctimas. En relación con los seis años precedentes, las cifras totales registran un incremento del 92%. Ese aumento corresponde a la aplicación de la política de “seguridad democrática”, que se funda en la reiterada negación del principio de distinción entre civiles y militares, y en la presión por resultados ejercida por el Presidente de la República sobre los miembros de la Fuerza Pública”.
La lógica de la guerra permite todo. Con el falso argumento que justifica cualquier medio eficaz para acabar con la guerrilla, cuando no se ha capturado siquiera a ningún miembro de Secretariado, a pesar de la tecnología y la ayuda que reciben las tropas desde 1999 con el Plan Colombia, el ejército atropella sistemáticamente a la población civil de los lugares donde “la patria hace presencia”, rezaría “Salgareño”. Al parecer, la ayuda del ejército norteamericano no se limita tan solo a aportar la maquinaria de la muerte, el veneno de la fumigación y la instrucción acerca de la manipulación de los aparatos, sino en métodos que deslegitiman cualquier victoria.
El caso de Colombia no es único. Los constantes abusos los soldados gringos en Afganistán e Irak demuestran el ilegítimo talante de esa absurda guerra con tintes de invasión. El uso excesivo de la fuerza por parte de mercenarios en estas zonas registra la matanza de 17 civiles el pasado 16 de septiembre sin que mediara alguna provocación, así como el 9 de octubre fueron asesinados otros dos iraquíes por la simple sospecha de estar en el lugar y el momento equivocado. Los mercenarios pertenecen a una empresa llamada “Blackwater”, empresa propiedad de grupos ultraconservadores que dieron aportes económicos para las dos campañas presidenciales de Geroge W. Bush.
Resulta paradójico que estas guerras estén minando la credibilidad de la tierra de la libertad y la democracia. La guerra en Oriente está desgastando una imagen ante el mundo que va en caída y la guerra contra las drogas, en esta parte del hemisferio no solamente la están perdiendo, pues el precio de la cocaína disminuye en las calles mientras que su calidad aumenta, sino que se ha metido en su propio territorio. En 37 estados se siembra la marihuana que llegaría a unas 50 mil hectáreas cultivadas. Muchas de estas plantaciones se ubican en los parques nacionales, lo que representa un alto impacto ecológico por la destrucción de ecosistemas para adecuar las tierras y por los químicos usados como fertilizantes, que contaminan las aguas.
La deslegitimación del Gobierno, éste o aquel, no importa mucho a los súbditos del reino, quienes aplauden a rabiar hasta las más indelicadas actuaciones de sus soberanos. Es un agravio que en medio de las desafortunadas salidas del inquilino del Palacio de Nariño, algunos propongan su nueva reelección. Solamente recuerdo que la sentencia de la Corte Constitucional que declaró ajustada a la Constitución la reelección personalista, blindó esta figura contra melomanías y mesianismos.
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