El precio del progreso

Hay que tener en cuenta que el precio que se paga por cada galón de etanol en el país supera el del mercado internacional, cerca de 900 pesos sobre el precio que se paga en países como Brasil, líder mundial en el desarrollo de biocombustibles.
Con el hambre y la miseria se impulsa el progreso en un país donde el siglo veinte no ha llegado a algunas zonas, donde siempre ganan los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Colombia se acostumbró a vivir en una constante paradoja histórica en la que el progreso y el desarrollo beneficia a las tradicionales familias que detentan el poder, mientras que los desposeídos sufren las consecuencias de eso que los privilegiados llaman orgullosamente progreso. Un ejemplo de esta situación es la actual política estatal de biocombustibles.
El Gobierno de “Salgareño” impulsó la industria de los biocombustibles, que son carburantes para vehículos obtenidos a partir de los alcoholes que producen plantas como la caña de azúcar o el maíz, aunque también se puede obtener de la celulosa presente en todas las plantas. Para el caso colombiano se implementó el alcohol carburante (etanol) a partir de los cultivos de caña de azúcar y palma africana.
En departamento del Valle del Cauca se caracteriza por tener vastas extensiones de caña de azúcar, así como un notable número de ingenios. Este tradicional negocio está en manos de unas nonagenarios clanes familiares que han establecido una rancia aristocracia local que no se resistió a la influencia de personajes como los hermanos Rodríguez Orejuela. Fieles a las tradición que beneficia solamente a la oligarquía, el negocio de los biocombustibles no escapó al monopolio. Los primeros beneficiados fueron los clanes poseedores de grandes extensiones de tierra que son arrendadas a los ingenios para que crezcan las melifluas cañas. Uno de estos clanes beneficiados resultó ser el de Luis Ernesto Mejía, ministro de Minas y Energía que impulsó los biocombustibles con una ley que adecuó la legislación, los precios y los estímulos tributarios para desarrollar proyectos relacionados con los biocombustibles. Obviamente, los grandes ingenios también ganan al incrementar su producción y elevar el precio del azúcar, pues su demanda ha crecido. Hay que tener en cuenta que el precio que se paga por cada galón de etanol en el país supera el del mercado internacional, cerca de 900 pesos sobre el precio que se paga en países como Brasil, líder mundial en el desarrollo de biocombustibles.
Para defender la viabilidad de cualquier política, los oportunistas de turno exponen amaestradamente ejemplos dentro del contexto global, así que bajo este tamiz son convenientes los siguientes datos: En Argentina, el precio de la carne se ha triplicado debido a que los pastos para alimentar el ganado disminuyeron para abrir espacio a cultivos carburantes; en México, el precio de las tortillas de maíz, base de la alimentación azteca, ha aumentado en un 70% porque se cultiva una variedad de cereal eficaz para obtener alcohol; los 50 países más ricos del planeta pronostican un aumento del precio de los alimentos entre un 20% y 50% como resultado del empleo de alimentos para convertirlos en combustibles; y, finalmente en Brasil, hay preocupación por la destrucción de los bosques del Amazonas para adecuar cultivos apropiados para preparar el etanol. Merece especial atención la idea de que la aprobación de un TLC beneficiaría a los sectores más pobres de la sociedad, quienes comprarían alimentos a bajo costo, sin pensar si quiera que para cuando sea realidad esa falaz utopía el hambre los haya matado.
La palma africana, o palma de aceite, es otra planta de la que se pueden obtener biocombustibles. Este cultivo ha inundado regiones del Chocó y el sur de Urabá (Curvarandó) con el auspicio de grupos paramilitares, que para sorpresa del usurpador del Solio de Bolívar, continúan haciendo presencia en muchas partes. Las tierras donde crece la palma africana pertenecen a comunidades negras y están protegidas por la Constitución, pero los actores armados apelan al terror y la muerte. En el departamento de Vichada también se comienzan a ver los extensos cultivos, que aprovechan tierras baldías para adjudicarlas a testaferros y gamonales regionales. El país asiste a una nueva reconcentración de tierras antes ignoradas, pues las políticas agropecuarias de los últimos veinte años han estimulado la ganadería extensiva y las grandes plantaciones en detrimento de los pequeños agricultores.
Esta situación tiene profundas consecuencias para el futuro de la nación. Las repercusiones políticas benefician a los tradicionales caciques políticos de cada región, que manejan el poder a partir de dominio territorial y el control del presupuesto político, mientras que los pobres minifundistas y campesinos sin tierra sirven de mano de obra barata, clientela electoral o entrar a formar parte de las filas de un grupo armado ilegal. Por lo general estos legendarios caciques terminan ligados a grupos paramilitares que garantizan su poder sobre 30 millones de hectáreas y contrastan con los cuatro millones de hectáreas que tienen 25 millones de personas y las 800 mil familias campesinas sin tierra.
El futuro avizora un panorama tan desalentador como la historia del país donde solamente se benefician los oligarcas. El pueblo ignorante y maltratado seguirá poniendo la sangre y el sudor para que la clase dominante continúe disfrutando del sucio poder que ostenta groseramente.
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