Archivo | abril 2008

Demonios invencibles

La pretendida “reforma política” que impulsa este gobierno, resta credibilidad a la elección de Uribe Vélez, así como su re-elección. La ilegitimidad se extiende sobre la bancada uribista mientras continua con la histórica exclusión social, cuna del rancio clima de violencia que vive el país.
Palos de ciego está dando el actual gobierno para conjurar la crisis de la parapolítica, que ya ha salpicado a 54 congresistas. El maquiavélico pragmatismo uribista ve en la crisis la oportunidad para debilitar el poder judicial y no una opción para corregir el tradicional rumbo del país.
Contrario a los que afirma el vicepresidente Santos, la parapolítica no se conoció gracias a los buenos oficios del gobierno, sino al valiente compromiso de periodistas que luego fueron fustigados por el capataz mayor del Ubérrimo. Alejandro Santos y el equipo de la Revista Semana, junto con investigadores que encontraron inusuales coincidencias en las zonas de dominio paramilitar, son los verdaderos héroes de este escándalo. La fuerza de las pruebas demostró que los testimonios de las víctimas no eran cuentos macabros sino una cruenta realidad. Paradójicamente, las versiones de los comandantes de las autodefensas tampoco gozan de la credibilidad necesaria para ser creídas por la “gente de bien”.
Antes que demostrar la inocencia se extiende el manto de la duda sobre los testimonios de combatientes arrepentidos o traicionados. Sea por revanchismo o buscando algún beneficio, estos hechos han sido revelados ante la ley. Contrario a este escenario, aparecen cada vez más datos de los computadores de “Raúl Reyes” que apuntan a minar la credibilidad de la oposición. La información de esos equipos debió llegar hasta la justicia, pero Juan Manuel Santos siente que está sobre la ley por ser parte del actual gobierno y no resulta extraño que utilice esa información para su característica “guerra sucia” en contra de aquellos que representan alguna rivalidad para sus aspiraciones políticas. Por favor recordar el episodio donde acusó, junto con el comisionada Restrepo, a Rafael pardo de ser aliado de las FARC; hecho que nunca pudo ser demostrado.
Cuando el escándalo más impactante de la última década tocó al primo del presidente, , de inmediato apareció la noticia de un “para” amenazado para que implicara al Uribe en la masacre el Aro. Tales presiones vienen, según ha dicho en varias versiones, de paramilitares, narcotraficantes y ONG. La única justificación para esta absurda salida es la deslegitimación de los futuros testimonios, que decepcionados por las promesas del gobierno, tal como le sucedió a Yidis Medina, lleguen hasta los mismos jardines del Palacio de Narquiño. La incertidumbre de ver a Uribe aferrándose a la silla presidencial mientras la economía hace agua como efecto de una eventual crisis mundial, puede ser una realidad cercana.
Si un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, las acusaciones que con sevicia emanan desde las altas esferas gubernamentales atacan a las mismas personas. Piedad Córdoba y Carlos Lozano (director del periódico Voz) son el lugar común para el agravio y la difamación, con tan poca creatividad, que las acusaciones son repetitivas, clonadas, si cabe la expresión.
La pretendida “reforma política” que impulsa este gobierno, resta credibilidad a la elección de Uribe Vélez, así como su re-elección. La ilegitimidad se extiende sobre la bancada uribista mientras continua con la histórica exclusión social, cuna del rancio clima de violencia que vive el país.
Mientras las victimas sena burladas con alevosos actos de reparación, que son aprovechados para justificar masacres, considerados como un obstáculo en el proceso de la “Pax Paraca” quienes pretenden disfrutar de las fortunas conseguidas con la sangre de campesinos y la complicidad del político de turno, de nada servirá una reforma política, que busca ocultar al exterior nuestra monstruosa realidad.
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El gobierno de las encuestas

La popularidad no significa legitimidad, ni otorga un omnipotente poder para burlar la justicia o la Constitución, ni es un cheque en blanco para desconocer el equilibrio de los poderes
Colombia es una catarata noticiosa semana tras semana. Ininterrumpidamente aparece un escándalo, una declaración polémica, algún “articulito” para reformar la Constitución o un hecho insólito que confirma, periódicamente, la vigencia del país macondiano. Esos sucesos, aunque impactantes y llamativos, se entrelazan hasta hacer del olvido el antídoto de la cruel realidad nacional.
Anestesiada por la guerra, la nación llevó a Uribe en el 2002 al Palacio de Nariño con la promesa de acabar con las FARC. Solamente hasta el segundo mandato, la Seguridad Democrática ha dado los resultados iniciales esperados desde el primer cuatrienio. Ante la voracidad continuista de Uribe Vélez se reformó la Constitución para que fuera re-elegido, una condición que pusieron los paramilitares para continuar en un proceso de paz del cual surgen inquietantes dudas. La reelección fue un tema vital para Uribe I, sin importar que muchos de los congresistas que aprobaron la reforma constitucional sean investigados por sus oscuras relaciones con paramilitares y narcotraficantes.
Con inusitada persistencia, Uribe (cuando cuesta llamarlo Presidente) exige equilibrio a las altas cortes, cuando él mismo tiene ese mismo problema y no precisamente por su laberintitis. La intervención del inquilino de la casa presidencial, cuando la Corte Suprema y la Fiscalía están investigando el apoyo a estos políticos por parte del narcoparamilitarismo, cuya bandera ideológica exhibe la muerte y el terror, no deja una sensación de tranquilidad. Desconoce el re-presidente que en el Estado Social de Derecho, la separación de poderes es la garantía de la plena democracia. La popularidad no significa legitimidad, ni otorga un omnipotente poder para burlar la justicia o la Constitución, ni es un cheque en blanco para desconocer el equilibrio de los poderes. El respeto por las ramas del poder del Estado es lo mínimo que se puede esperar de la dignidad presidencial, pero con el dueño del Ubérrimo, queda confirmado que no se necesita una fuerte ética para llegar al solio de Bolívar.
El pobre espectáculo de Mario Escobar Uribe, primo del Presidente, fingiendo ser un perseguido político, hace evidente esa malsana costumbre de las élites nacionales que creen estar sobre la ley, como un privilegio inexistente otorgado por el ejercicio del poder público, ese mismo que les fue otorgado por el pueblo en uso del voto.
Presionar personas mediante el uso del terror, la motosierra, el tamal o el bulto de cemento, deslegitima la clase dirigente tradicional de la nación. En ese ambiente de cacería de brujas, Yidis Medina será un chivo expiatorio en un país donde es normal –y aplaudido como muestra de sagacidad política- que el Presidente de la República ofrezca burocracia a cambio de “voticos” para aprobar la reforma del “articulito”.

La economía del hambre

La economía del hambre creará sociedades desesperadas e irracionales que terminarán como organizaciones de tipo feudal.

A pesar de los significativos avances tecnológicos del último siglo, no se ha logrado acabar con el hambre ni la sed, que se están convirtiendo en peligrosos detonantes de violencia en muchas partes del mundo. La economía del hambre creará sociedades desesperadas e irracionales que terminarán como organizaciones de tipo feudal.
En los años recientes el precio de los alimentos ha presentado un aumento preocupante que ha generado brotes de violencia en países de América Latina, África y Asia. Revueltas como las que se han presentado en Haití o Egipto por el precio de los cereales, añaden nuevos cuestionamientos al neoliberalismo y generan serios retos de cara al futuro próximo.
El alza de los precios está justificado en el crecimiento económico asiático y el valor del petróleo. La prosperidad que ostenta China e India (cuyas poblaciones reunidas representan una tercera parte de la humanidad) ha elevado el nivel de vida de sus habitantes, quienes consumen más alimentos. Se sabe que al aumentar la demanda el precio también lo hace. Este hecho hace que estas naciones sean un destino atractivo para los exportadores, quienes generan escasez en otras zonas para atender la demanda asiática.
La crisis del petróleo, que ha llevado el precio del barril encima de los U$100, ha elevado los precios de los fletes, transportes e insumos agrícolas como fertilizantes y pesticidas. La cura que se presentó en un principio resultó ser peor que la enfermedad: Los biocombustibles (eufemismo que es mejor reemplazar por agrocombustibles) terminaron por disparar el precio de los alimentos, aunque es u negocio amparado por la égida de la ecología. Los agrocombustibles se obtienen a partir de alimentos como el maíz, caña de azúcar o la palma de aceite, que se traducen para el consumidor en incrementos en el precio de productos básicos de su dieta como el pan, la panela y el aceite. Las revueltas que surgirán cuando se dispare el precio del aguardiente prometen no ser calmadas por la ley seca.
Otra arista del problema es la crisis del agua, que se agudiza con el calentamiento global. Mientras que unas regiones padecen feroces sequías, en otras, los inviernos avisan de un segundo diluvio que acabará definitivamente con la humanidad.
Los agrocombustibles y la crisis de alimentos benefician a la más grande nación productora de cereales: Estados Unidos, que con los gigantescos subsidios agrícolas parece estar aplicando una macabra geopolítica del hambre. El tema de la seguridad alimentaria de la nación es un asunto de poca importancia para los férreos defensores locales del TLC, quienes tienen el futuro asegurado con un empleo en algún organismo económico internacional, verbigracia, Jorge Botero, exministro de Industria y Comercio de Uribe I.
El hambre es un terreno propicio para que surjan peligrosos movimientos populares de corte dictatorial. La tierra será el bien más apreciado por los dueños, resurgirá el oscurantismo medieval que no permite la crítica y proscribe el disenso. Para los que no tienen tierra, los cultivos hidropónicos y las pequeñas huertas (hasta las materas serán útiles) son una alternativa que está a la vuelta de los días.
Caricatura tomada de El Tiempo. 16 de abril de 2008

¿Qué indica una cifra?

¿Las utilidades de las multinacionales van a sus casas matrices en el extranjero? ¿Cuántos empleos generó la industria durante el último año? ¿Cuánto ha dejado de percibir el gobierno como resultado de las políticas reduccionistas de impuestos? ¿Cómo se financia este déficit? ¿Porqué crece la economía cuando el año pasado renunciaron el directos del DANE y los superintendentes bancarios y de Industria y Comercio?
Las recientes cifras económicas que muestran el crecimiento de la economía en el 7.5% para 2007 hablan muy bien de la gestión económica del Gobierno, pero la realidad palpada en las personas es muy distinta; pues si as cosas podrían ir peor, aún estamos lejos de una prosperidad general.
La cifra del crecimiento económico no se compara con el 9% durante 15 ó 20 años que se necesita para entrar a las ligas mayores de la economía mundial. La cifra llama más la atención por el hecho anecdótico de ser la más alta de las últimas tres décadas; así, dicho de otra manera, Colombia volvió a la ruta que desvió el narcotráfico. Fueron 30 años perdidos.
Surgen varios interrogantes acerca de este publicitado crecimiento: ¿Las utilidades de las multinacionales van a sus casas matrices en el extranjero? ¿Cuántos empleos generó la industria durante el último año? ¿Cuánto ha dejado de percibir el gobierno como resultado de las políticas reduccionistas de impuestos? ¿Cómo se financia este déficit? ¿Porqué crece la economía cuando el año pasado renunciaron el director del DANE y los superintendentes Bancario y de Industria y Comercio?
El informe habla del gran impulso de sectores como la construcción y el transporte, industrias de proyección a corto plazo que solamente benefician a los especuladores de la tierra y el sector inmobiliario. Tampoco aclara si la construcción incluye los megaproyectos licitados por el Estado, de ser así (El túnel de la Línea y la doble calzada Bogotá-Girardot, financiados con dineros expropiados al narcotráfico) la economía traqueta no ha sido sofocada.
El favorable clima para la inversión extranjera se logró con la pauperización de la soberanía, que atenta contra el bienestar de los trabajadores colombianos. Fenómenos como la reevaluación del dólar y la desaceleración económica de Estados Unidos catalizan la euforia que servirá de trampolín para la re-reelección. La cifra contrasta con el pingüe crecimiento del sector agropecuario, donde el “mini”-stro hace de esta cartera una fortín para la vulgar repartija de dádivas y corruptela (FINAGRO y Carimagua, verbigracia). Este crecimiento tampoco ha contribuido a la generación de empleo, la distribución del ingreso, el salario real, la capacitación de la mano de obra, ni avances tecnológicos o industriales.
Las tensas relaciones diplomáticas con los países vecinos han afectado la ventaja comercial y competitiva que se tiene frente a ellos, lo que afectará las cifras de fin de año.
Estas cifras son atractivas desde un titular noticioso pero no ayuda en la realidad a las personas, quienes se endeudan para pagar las antiguas deudas y alimenta a l voraz sistema bancario, una analogía financiera de Gargantúa.