El gobierno de las encuestas

La popularidad no significa legitimidad, ni otorga un omnipotente poder para burlar la justicia o la Constitución, ni es un cheque en blanco para desconocer el equilibrio de los poderes
Colombia es una catarata noticiosa semana tras semana. Ininterrumpidamente aparece un escándalo, una declaración polémica, algún “articulito” para reformar la Constitución o un hecho insólito que confirma, periódicamente, la vigencia del país macondiano. Esos sucesos, aunque impactantes y llamativos, se entrelazan hasta hacer del olvido el antídoto de la cruel realidad nacional.
Anestesiada por la guerra, la nación llevó a Uribe en el 2002 al Palacio de Nariño con la promesa de acabar con las FARC. Solamente hasta el segundo mandato, la Seguridad Democrática ha dado los resultados iniciales esperados desde el primer cuatrienio. Ante la voracidad continuista de Uribe Vélez se reformó la Constitución para que fuera re-elegido, una condición que pusieron los paramilitares para continuar en un proceso de paz del cual surgen inquietantes dudas. La reelección fue un tema vital para Uribe I, sin importar que muchos de los congresistas que aprobaron la reforma constitucional sean investigados por sus oscuras relaciones con paramilitares y narcotraficantes.
Con inusitada persistencia, Uribe (cuando cuesta llamarlo Presidente) exige equilibrio a las altas cortes, cuando él mismo tiene ese mismo problema y no precisamente por su laberintitis. La intervención del inquilino de la casa presidencial, cuando la Corte Suprema y la Fiscalía están investigando el apoyo a estos políticos por parte del narcoparamilitarismo, cuya bandera ideológica exhibe la muerte y el terror, no deja una sensación de tranquilidad. Desconoce el re-presidente que en el Estado Social de Derecho, la separación de poderes es la garantía de la plena democracia. La popularidad no significa legitimidad, ni otorga un omnipotente poder para burlar la justicia o la Constitución, ni es un cheque en blanco para desconocer el equilibrio de los poderes. El respeto por las ramas del poder del Estado es lo mínimo que se puede esperar de la dignidad presidencial, pero con el dueño del Ubérrimo, queda confirmado que no se necesita una fuerte ética para llegar al solio de Bolívar.
El pobre espectáculo de Mario Escobar Uribe, primo del Presidente, fingiendo ser un perseguido político, hace evidente esa malsana costumbre de las élites nacionales que creen estar sobre la ley, como un privilegio inexistente otorgado por el ejercicio del poder público, ese mismo que les fue otorgado por el pueblo en uso del voto.
Presionar personas mediante el uso del terror, la motosierra, el tamal o el bulto de cemento, deslegitima la clase dirigente tradicional de la nación. En ese ambiente de cacería de brujas, Yidis Medina será un chivo expiatorio en un país donde es normal –y aplaudido como muestra de sagacidad política- que el Presidente de la República ofrezca burocracia a cambio de “voticos” para aprobar la reforma del “articulito”.
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