Demonios invencibles

La pretendida “reforma política” que impulsa este gobierno, resta credibilidad a la elección de Uribe Vélez, así como su re-elección. La ilegitimidad se extiende sobre la bancada uribista mientras continua con la histórica exclusión social, cuna del rancio clima de violencia que vive el país.
Palos de ciego está dando el actual gobierno para conjurar la crisis de la parapolítica, que ya ha salpicado a 54 congresistas. El maquiavélico pragmatismo uribista ve en la crisis la oportunidad para debilitar el poder judicial y no una opción para corregir el tradicional rumbo del país.
Contrario a los que afirma el vicepresidente Santos, la parapolítica no se conoció gracias a los buenos oficios del gobierno, sino al valiente compromiso de periodistas que luego fueron fustigados por el capataz mayor del Ubérrimo. Alejandro Santos y el equipo de la Revista Semana, junto con investigadores que encontraron inusuales coincidencias en las zonas de dominio paramilitar, son los verdaderos héroes de este escándalo. La fuerza de las pruebas demostró que los testimonios de las víctimas no eran cuentos macabros sino una cruenta realidad. Paradójicamente, las versiones de los comandantes de las autodefensas tampoco gozan de la credibilidad necesaria para ser creídas por la “gente de bien”.
Antes que demostrar la inocencia se extiende el manto de la duda sobre los testimonios de combatientes arrepentidos o traicionados. Sea por revanchismo o buscando algún beneficio, estos hechos han sido revelados ante la ley. Contrario a este escenario, aparecen cada vez más datos de los computadores de “Raúl Reyes” que apuntan a minar la credibilidad de la oposición. La información de esos equipos debió llegar hasta la justicia, pero Juan Manuel Santos siente que está sobre la ley por ser parte del actual gobierno y no resulta extraño que utilice esa información para su característica “guerra sucia” en contra de aquellos que representan alguna rivalidad para sus aspiraciones políticas. Por favor recordar el episodio donde acusó, junto con el comisionada Restrepo, a Rafael pardo de ser aliado de las FARC; hecho que nunca pudo ser demostrado.
Cuando el escándalo más impactante de la última década tocó al primo del presidente, , de inmediato apareció la noticia de un “para” amenazado para que implicara al Uribe en la masacre el Aro. Tales presiones vienen, según ha dicho en varias versiones, de paramilitares, narcotraficantes y ONG. La única justificación para esta absurda salida es la deslegitimación de los futuros testimonios, que decepcionados por las promesas del gobierno, tal como le sucedió a Yidis Medina, lleguen hasta los mismos jardines del Palacio de Narquiño. La incertidumbre de ver a Uribe aferrándose a la silla presidencial mientras la economía hace agua como efecto de una eventual crisis mundial, puede ser una realidad cercana.
Si un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, las acusaciones que con sevicia emanan desde las altas esferas gubernamentales atacan a las mismas personas. Piedad Córdoba y Carlos Lozano (director del periódico Voz) son el lugar común para el agravio y la difamación, con tan poca creatividad, que las acusaciones son repetitivas, clonadas, si cabe la expresión.
La pretendida “reforma política” que impulsa este gobierno, resta credibilidad a la elección de Uribe Vélez, así como su re-elección. La ilegitimidad se extiende sobre la bancada uribista mientras continua con la histórica exclusión social, cuna del rancio clima de violencia que vive el país.
Mientras las victimas sena burladas con alevosos actos de reparación, que son aprovechados para justificar masacres, considerados como un obstáculo en el proceso de la “Pax Paraca” quienes pretenden disfrutar de las fortunas conseguidas con la sangre de campesinos y la complicidad del político de turno, de nada servirá una reforma política, que busca ocultar al exterior nuestra monstruosa realidad.
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