Sin hoja de ruta

La sociedad, asustada y perdida en el miedo, será presa de aquellos que tienen respuestas fáciles.
Más que un símbolo o un territorio colmado de gente linda, Colombia es un país perdido en el dolor de la violencia que carece de una sociedad con claros objetivos comunes. Así como el nacionalismo norteamericano surgió tras las guerras mundiales y se fortaleció como respuesta a la amenaza comunista o como los alemanes rememoran el otrora imperio de lejanas épocas, es importante encontrar un objetivo común, sin personalismos ni sesgos, que de a la sociedad el valor para sentir como propia la nación.
Dentro del espíritu de la inclusión, resulta inadmisible, una afrenta a la igualdad y equilibrio, que se pretendan penalizar las ventas callejeras en los semáforos. La sanción, dirigida a los conductores que adquieran algunas de las baratijas que se encuentran en las esquinas, afectará seriamente a quienes deciden aventurarse en medio del sol, la lluvia, el frío, el humo, el tránsito y demás adversidades callejeras, para ganarse un sustento diario. Estas personas no están allí por gusto propio, sino que se vieron avocadas a esa faena que significa trabajar en las calles como último recurso antes de violar la ley o perder su dignidad.
La alocada iniciativa que emana de un Congreso que se ufana de promulgar leyes a un ritmo industrial, contrasta con la frustrada “Reforma Política” que brindaba al ejecutivo la oportunidad de resarcirse ante la crisis de legitimidad que lo cubre. Tristemente se repite el aforismo criollo que recuerda que las leyes son aplicadas para los de ruana. La representatividad que usurpan muchos congresistas, permite que salgan estas iniciativas en el país de leyes –leguleyistas por tradición-, donde la pobreza se acaba por decreto mientras llegan indígenas desplazados a la Capital.
La participación de la sociedad se manifiesta en iniciativas para re-reelegir al caudillo sibilino o cualquier motivo para reformar la maltrecha Constitución del 91. La recolección de firmas para condenar a cadena perpetua a los violadores de menores de edad es una iniciativa desesperada e inmediatista con un claro objetivo populista. Pero no siempre la mayoría tiene la razón, pues las tradicionales cifras de impunidad y los costos de mantener a una persona de por vida en una jaula, despiertan las dudas acerca de la efectividad de esta medida. Muchas de estas propuestas cívicas parecen ser termómetros para medir el clima de la re-reelección y otros adefesios jurídicos que resquebrajan el Estado de Derecho. La revisión que pide la Corte Suprema de Justicia a la Corte Constitucional del trámite de la reforma que tiene a Uribe en el Palacio de Nariño, como resultado de la investigación a Yidis Medina, ratifica que la popularidad no otorga la legitimidad.
Los pretendidos cambios en el “manzanillismo” –la única forma de hacer política- que prometió el entonces candidato Uribe Vélez han encontrado su epítome en el nombramiento de Fabio Valencia Cossio como ministro de Interior y Justicia. El antiguo –y único- Alto Consejero para la Competitividad llega al ministerio tras ser contendor político de Uribe en Antioquia y embajador en Italia. Valencia Cossio representa al tradicional cacique política para quien las ideas varían según los puestos disponibles en la feria burocrática; eso que algunos denominan eufemísticamente “pragmatismo”. En el gobierno de la “meritocracia” resulta paradójico que este funcionario llegue a un ministerio, mientras que la competitividad del país se ve retrasada por las coloniales vías de comunicación que sufren cada vez que hay invierno, el atraso de algunos puertos y aeropuertos, la inoperancia del sistema fluvial o el desempleo campante.
Pero para alivio de muchos, esta Consejería cerrará sus puertas. Con el megáfono mediático que tiene el mandatario Uribe, anunción que recortaría el gasto estatal para sofocar la crisis económica que vive el país mediante el cierre de oficinas inoperantes, entre ellas, la del actual Ministro. Pero ese recorte del presupuesto no toca las partidas destinadas al gasto militar, pues la “seguridá (sic) democrática” es el caballito de guerra para los seis años que restan ala actual gobierno. Los cambios realizados no son más que el arraigo de los males del país, que van más allá de los nuevos narcos o los que relevan a “Tirofijo”, aquellos mismos que sirvieron a Uribe para llegar al solio de Bolívar, mientras que la sociedad, asustada y perdida en el miedo, será presa de aquellos que tienen respuestas fáciles.
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