Archivo | enero 2011

Falsa seguridad

A pesar de que aún delira Álvaro Uribe con el síndrome de abstinencia que sufre por su separación de la adicción al poder, el país comienza a despertar del letargo orquestado desde la Casa de “Nari” para legitimar un gobierno que siempre se movió el borde de la ilegalidad, y del que hoy comienzan a rezumar sus podredumbres.
La cacareada “Seguridad Democrática” se vio eclipsada por escándalos de asesinatos y el uso excesivo de la fuerza por aquellos que tienen la misión constitucional de defender los ciudadanos, sin contar casos de corrupción, violaciones e infiltración de los narcotraficantes. La excusa de las “pocas manzanas podridas” contrasta con los hechos.
El excesivo crecimiento del gasto militar se vio reflejado en el aumento del pie de fuerza y la urgente modernización tecnológica para enfrentar una guerrilla, fortalecida tras los diálogos de paz en la Zona de Distensión –la figura regordeta del “Mono Jojoy” manejando una camioneta último modelo es un claro ejemplo-. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia firmó un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos por diez años, en el que Washington financió la modernización de las armas destinadas a combatir las FARC, ya constituido como grupo narcotraficante.
El primer gobierno de Uribe recibió unas fuerzas armadas fortalecidas y bien entrenadas, respaldadas por recursos tecnológicos y con el pleno respaldo de un Presidente que prometió la derrota de las FARC, los golpes certeros serían más resultados del proceso, que una estrategia gubernamental.
Sin embargo, en el otro lado del horror están los grupos paramilitares, que surgieron de una ideología antisubversiva para degenerarse en vulgares narcotraficantes, quienes se apoderaron de las estructuras de poder locales y sus presupuestos. Frente a la posibilidad de ver vencida a la guerrilla, o al menos diezmada, débil y obligada a sentarse a negociar, los “paras” vieron en peligro sus estructuras de poder y el negocio del narcotráfico. Como cualquier empresa, ante la crisis tomaron la decisión de reducir personal por medio de la desmovilización, que si bien desmontó unas estructuras de combatientes menores, dejó intactas las estructuras de poder y las que sustentan el negocio.
De aquellas conversaciones nunca se supo lo que se negoció, tal vez porque una vez desmovilizados y extraditados los jefes, aparecería la guerra entre subalternos para hacerse al triste reconocimiento del nuevo “patrón”, así que preservar la figura del jefe, mantendría quietos a amigos y enemigos. Ante la desmovilización Uribe siempre dio palos de ciego, la única decisión que tomó sin titubeos fue la extradición de los grandes cabecillas, mas el terror y el miedo persistió en pequeños municipios y zonas rurales.
Confiados en el regreso de la seguridad y la desaparición de los paramilitares, muchos campesinos deciden volver a sus tierras, conquistadas por latifundistas que inundaron regiones de Urabá y Chocó con palma africana, pero constataron que la violencia sólo había desaparecido de los titulares de los medios de comunicación –cómplices por propagar descaradamente la propaganda uribista-, pues patrones y sus matones ahora transitaban sin uniforme.
Muchos líderes de campesinos que retornaron a reclamar sus derechos como propietarios fueron asesinados, como el caso de Yolanda Izquierdo, cuya asesina fue condenada por la justicia en días recientes.
Es triste constatar que la sensación de seguridad que vende el gobierno es falsa, el ejemplo de los asesinatos de inicio de año en Córboda deja serias dudas acerca del manejo de los desmovilizados y la presencia de varios grupos de delincuentes locales que controlan en tráfico de drogas y armas. Mateo Matamala y Margarita Gómez, una pareja de estudiantes universitarios que creyeron en ese país que ven por la televisión, tuvieron un mortal encuentro con la realidad del país, hecho que demanda acciones contundentes contra todas las estructuras criminales, que tienen el poder de mutar y ser más sanguinarias que sus predecesores.

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