Alivio laboral

yair vera

Un verdadero alivio laboral significa la decisión del Tribunal de Cundinamarca sobre la situación de aquellas personas que trabajan en aquella terrible práctica de contratación denominada Prestación de Servicios, una trampa escudada en los resquicios de una ley creada para dinamizar y flexibilizar las plazas -en teoría- temporales.

La iniciativa, liderada por Angélica Lozano, busca que los trabajadores en esta modalidad no tengan obligatoriamente que hacer los pagos asociados a seguridad social para cobrar un mes que han trabajado.

El artículo 135 del Plan de Desarrollo (ley 1753 de 2015) determina que es responsabilidad de las empresas (públicas o privadas) descontar las prestaciones del mes vencido, para evitar retrasos en la contratación y exponer a los contratistas a rebuscar un dinero con el que muchos no cuentan. Este artículo no ha sido reglamentado, excusa de las empresas para no aplicarlo.

La contratación, todo un camello

La ilusión de comenzar a trabajar contrasta con el calvario que enfrenta el contratista: para firmar un contrato o cobrar un mes laborado debe presentar el comprobante de pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales). Adicionalmente, debe pasar por el agobiante proceso de completar mensualmente formularios, interminables informes, declaraciones y enfrentar la arrogancia del funcionario empoderado que, en un repentino destello de productividad, decide crear un nuevo trámite o acogerse a los términos legales, entre los cuales nunca estará la eficiencia ni la eliminación de procesos repetitivos mediante la tecnología (alguna vez me rechazaron una cuenta de cobro porque la planilla no tenía el sello del banco, cuando esos pagos se realizan por medios digitales ¡PLOP!).

Las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) terminaron degradando las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores, promoviendo un tipo de informalidad laboral escudada en un gazapo legal.

Las Universidades evidencian la precarización laboral de profesores y también de los trabajadores, caso que conozco por experiencia propia. Los profesores de cátedra se denominan jornaleros con posgrado, mientras los centros educativos se preocupan más por cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación para lograr la Acreditación Institucional, sin que mejore la calidad ofrecida a los clientes (alumnos que creen en la ilusión del diploma como trampolín social y económico).

Durante cinco años como trabajador de una universidad debía cumplir un horario, a falta de un manual de funciones tenía dos (de modo que cumplía las funciones de dos trabajadores por un sueldo), durante las visitas de pares académicos o personajes del Ministerio de Educación debía soportar el agite en los días previos para disimular la mediocridad institucional (montar un escenario falaz ante la autoridad nacional, lo que significaba mayor carga laboral), atender los llamados de atención sobre trabajar en jeans o tenis, y ver cómo los OPS éramos tratados como trabajadores de segundo nivel, sin vacaciones, cesantías, primas legales, bonos empresariales ni eventos institucionales. Durante ese lustro fui engañado con la promesa que, si cumplía con el horario laboral establecido, sería considerado seriamente para ser incluido en la planta de profesionales de la universidad. Estaba tan domesticado con esa falacia, que no importaba ir hasta Cajicá (donde queda una de las sedes de dicho centro educativo) y gastar cerca de tres horas diarias en desplazamientos.

El empleado quemado

Estas situaciones generan el síndrome el empleado quemado, caracterizado por la desmotivación del trabajador, reflejada en la baja productividad, la alta rotación de trabajadores y la pérdida de talento y conocimiento. Cuando una persona no explota todo su potencial, la culpa recae en la empresa y el ambiente tóxico fundamentado en la incertidumbre y la resistencia al cambio, evidente en la frase “aquí siempre lo hemos hecho así”.

En estas condiciones es difícil desarrollar un proyecto de vida a mediano plazo, pues predominan la inestabilidad y la incertidumbre, especialmente en época de elecciones, cuando su trabajo depende de un político, no de su talento ni responsabilidad, pues este tipo de contrataciones van en contravía de los principios de equidad, transparencia y mérito al seleccionar las personas. Ojalá sea respetada y acatada la decisión del Tribunal de Cundinamarca y que no aparezca algún creativo en las oficinas jurídicas para burlar la ley e irrespetar los derechos de los trabajadores.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s